Los procesados habrían presionado con judicializar a la víctima por porte ilegal de armas, a pesar de que sabían que el arma que le fue encontrada tenía permiso para su tenencia.
La Fiscalía General de la Nación judicializó al subintendente de la Policía Nacional Daniel Isaías Villamil Acosta, al patrullero Jackson Zapata Sepúlveda y al particular Giovanni Atehortúa Ospina, presuntamente implicados en el delito de concusión.
Según la investigación, los procesados le habrían exigido a la víctima el pago de 10 millones de pesos a un comerciante para no judicializarlo por un supuesto porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
Los hechos ocurrieron la mañana del 6 de julio de 2023 en la avenida Las Palmas de Medellín, luego de que los ahora procesados, interceptaron a la víctima, quien se movilizaba en un vehículo de alta gama, en compañía de su pareja sentimental.
Los uniformados encontraron en el bolso de la mujer una pistola calibre 9 milímetros, respecto de la cual se contaba con los documentos que avalaban su permiso de tenencia legal. A pesar de esto, los policiales le habrían exigido a la víctima el pago de la referida suma, so pena de ser procesado.
Para presionar el pago, los uniformados se habrían llevado el arma, dos celulares y varias joyas de la pareja. Horas después, y con el propósito de recuperar los bienes, la víctima habría entregado ocho millones de pesos en efectivo a Zapata Sepúlveda, quien le regresó la pistola y los demás bienes que les habían sido retenidos.
Por estos hechos, y tras interponer la denuncia, los investigados fueron capturados por la Policía Nacional. Ninguno aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública.
LFML/LAH/DSM/LMFO/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
