Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de seis presuntos integrantes de una estructura criminal dedicada a la comisión de hurtos y extorsiones en zona rural del municipio de El Santuario (Antioquia).
Inicialmente, fueron afectados con medida intramuros Luis Antonio Gómez Alfaro, Leiber de Jesús Castaño Velásquez y José Gemay Ramírez Ramírez, capturados en flagrancia por la Policía Nacional este 8 de noviembre, cuando, al parecer, irrumpieron armados en una finca de la vereda Altos del Roble y después de golpear a sus moradores, se apoderaron de una vaca, un caballo y una motocicleta.
En la acción judicial las autoridades incautaron un arma de fuego y dos motocicletas en las que se movilizaban los presuntos delincuentes.
Por esos hechos, estas personas fueron imputadas por los delitos de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego y municiones de defensa personal.
También fueron privados de la libertad en lugar de domicilio Jaime Alberto Sánchez Rotavista, Duván Arles Gil y María Elena Botero Duque, esposa de Castaño Velásquez, por el delito de tentativa de extorsión.
Los dos hombres y la mujer fueron sorprendidos por las autoridades un día después en el mismo lugar del hurto, donde, al parecer, pretendían que el dueño del predio firmara un documento en el que constaba que el ganado robado el día anterior había sido vendido legalmente. La Fiscalía apeló la decisión ante la segunda instancia.
Ninguno de los procesados se allanó a los cargos endilgados por un fiscal de la Seccional Antioquia.
LFML/MG/CQ/DSPB/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
