Actividades de policía judicial permitieron establecer que los dos procesados se habrían encontrado con la víctima antes de su desaparición.
El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez de control de garantías de Montería (Córdoba) impusiera aseguramiento en centro carcelario a Samuel Abel Pérez Reyes y Juan Carlos González Cárdenas por su presunta responsabilidad en el asesinato de una joven de 16 años.
Labores de policía judicial, permitieron establecer que el pasado 9 de febrero la víctima salió de su vivienda en Montería (Córdoba), y se habría encontrado con los dos procesados de 18 y 19 años respectivamente.
Posteriormente, el 10 de febrero, en una zona rural del corregimiento de Santa Lucía, en el sector de Las Cruces, cerca de Montería, fue encontrado el cuerpo de la víctima, parcialmente sepultado.
El material de prueba da cuenta de que la adolescente habría sido golpeada con un objeto contundente y presentaba múltiples heridas causadas posiblemente con una pala y un mazo de madera, que le causaron la muerte.
La víctima, quien había sido reportada como desaparecida, fue encontrada desnuda y sus manos habían sido atadas. También presentaba múltiples fracturas, heridas y hematomas en su cuerpo, que habrían sido causadas por Pérez Reyes y González Cárdenas.
Una fiscal de la Seccional Córdoba le imputó a los dos procesados el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado.
El trabajo coordinado entre el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la Policía Nacional y del Gaula Militar, permitió la captura de los procesados, el pasado 14 de febrero. Uno, en el centro de Montería; y el otro, a orilla del río Sinú en el barrio Rancho Grande.
VHGB/MAGA/AMCJ/SNF/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
