El cargamento, camuflado en cajas metálicas, tendría un valor cercano a los 450 millones de pesos en el mercado ilegal.

 

Los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Edwin Leandro Camayo López y María del Carmen Pinta López, por su presunta responsabilidad en el transporte de 674 kilos de marihuana por las vías del Putumayo.

Los capturados se encuentran de espalda y en custodia por uniformados de la Policía Nacional. En la foto se ven los paquetes de marihuana distribuidos en el piso.
Esta pareja se movilizaba en una camioneta, por la vía que de Santa Ana conduce a Mocoa. 
   

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó a los dos procesados los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles; cargos que no aceptaron.

Esta pareja se movilizaba en una camioneta, por la vía que de Santa Ana conduce a Mocoa. A la altura de la vereda Urcusique de Villagarzón (Putumayo), tuvieron que detenerse, por fallas en el vehículo, momento en el cual fueron requeridos por las autoridades.

Al realizar la inspección, los uniformados encontraron varias cajas metálicas forradas con cinta transparente que, presuntamente, contenían marihuana. El cargamento tendría un valor cercano a los 450 millones de pesos en el mercado ilegal.

Estas personas fueron capturadas en flagrancia por la Policía Nacional. Además, se logró la incautación de la camioneta, celulares y 5 millones de pesos en efectivo, que, al parecer, eran el pago para transportar el estupefaciente.

 

WAGG/LMFO/AMCJ/SL/DECN

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.