Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a tres mujeres y dos hombres, por su presunta responsabilidad en el transporte de celulares hurtados por la vía que de Ibagué conduce a Cajamarca (Tolima).

en la imagen se ven varias personas detenidas bajo custodia de la Policía Nacional. Una mesa delante de ellos con elementos incautados.
Los procesados fueron detenidos cuando se desplazaban desde Segovia, Antoquia con más de 40 celulares y dinero en efectivo, de lo cual no explicaron su procedencia.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Tolima les imputó el delito de receptación. Los procesados no aceptaron el cargo.

Los hechos ocurrieron el pasado 1 de agosto, en el sector de Coello Cocora, donde la Policía Nacional detuvo un vehículo particular, en el cual se movilizaban los cinco procesados. Al inspeccionar el carro, los uniformados encontraron varios bolsos con 47 celulares, al parecer, hurtados.

Durante el procedimiento, entró la llamada del propietario de unos de los equipos, quien advirtió haber sido víctima de hurto en Segovia (Antioquia). De la misma manera, se evidenció que otros de los celulares estaban reportados como robados.

Los capturados en flagrancia son: Orlando Javier Benavides Ramírez, Diana Mabel Pequendino Araujo, José Jaime Parra Montenegro, Anyi Juliet Zambrano Basante y Brisvanny Nataly Basante.

En el procedimiento judicial les fueron incautados los equipos y dinero en efectivo, además de haberles sido inmovilizado el vehículo.

 

 

 

 

PAAM/LMFO/AMCJ/ACRB/DST

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.