Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Hernando Aviles Rúa, Jhonny Alexánder Evans Marín, Brahdon Yiuzepe Perea Molina y Valentina Zapata Taborda, presuntamente, responsables de secuestrar a tres menores de edad, durante el hurto de una vivienda.

También fue aprehendida una menor de edad quien fue dirigida a la Unidad de Responsabilidad Penal para adolescentes.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de mayo en una vivienda del barrio La Floresta de Medellín donde una adolescente de 17 años fue encargada del cuidado de dos primos suyos de 9 y 12 años de edad.

Labores de policía judicial evidenciaron que el plagio se produjo luego de que la adolescente fuera engañada por una mujer que se acercó a lugar y le hizo creer que era conocida de los padres de los menores.

Según la investigación, una de las personas que ingresó a la residencia portaba un arma de fuego; otra una cinta con la que habrían amordazado a las víctimas, quienes fueron obligadas a quedarse en las habitaciones.

En desarrollo de delito los procesados, presumiblemente, hurtaron electrodomésticos, videojuegos, joyas y cerca de un millón y medio de pesos en efectivo.

Por estos hechos la Policía Nacional capturó en vía pública a las cinco personas cuando se encontraban al interior del vehículo, al parecer, usado para llevarse los elementos hurtados.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos imputados por la Fiscalía por los delitos de secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado y uso de menores para la comisión de delitos.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

 

 

NAMT/MAGA/CD/DSM

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.