Los procesados son la madre del menor de edad y el padrastro, quienes habrían ejercido un ciclo de violencia contra él.
Los elementos materiales en poder de la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de un hombre y una mujer, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad de dos años, en hechos ocurridos el pasado 13 de marzo, en una vivienda del barrio Eduardo Santos, en Neiva (Huila).
El día de los hechos, una vecina escuchó unos gritos provenientes del inmueble, y acudió al lugar, donde encontró al niño gravemente herido. Ante la situación le prestó ayuda y lo llevó a un centro hospitalario; sin embargo, llegó sin signos vitales.
De acuerdo con la investigación, los hoy procesados, quienes son la madre del menor de edad y el padrastro, habrían sido las personas que se encontraban con él en el momento que fue auxiliado.
En el centro asistencial le indicaron al personal médico que el niño venía presentados problemas estomacales; sin embargo, el dictamen del Instituto Colombiano de Medicina Legal indicó que la muerte se produjo por golpes propinados con un objeto contundente en el abdomen y signos de tortura en otras partes del cuerpo.
La Fiscalía estableció que desde diciembre de 2024, el niño, vendría siendo víctima de un ciclo de violencia.
Por todo lo anterior, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Huila les imputó los delitos de homicidio agravado y tortura. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Estas personas fueron capturadas el 19 de marzo anterior, por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con la Policía Nacional, en vía pública del barrio San Vicente de Paul de Neiva.
WAGG/AMCJ/CEC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
