La Fiscalía logró incautar con fines de comiso una millonaria suma confiscada durante las capturas.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Dayana Hincapié Valencia y Carlos Andrés Cardona Hernández, como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado, acceso abusivo a sistema informático y transferencia no consentida de activos, todas las conductas agravadas.
Estas personas estarían implicadas en el hurto de más de 180 millones de pesos a dos hombres de nacionalidad Turca. Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2023 en un apartamento del barrio El Poblado de Medellín, mientras las víctimas estaban acompañadas por dos mujeres a quienes habían contactado a través de una plataforma de citas.
Al parecer, las dos mujeres les suministraron a los extranjeros una bebida que les hizo perder la consciencia durante 2 días. En este periodo les habrían hurtado sus pertenencias valoradas en 19 millones de pesos.
Los hoy investigados habrían accedido a las aplicaciones que las víctimas tendrían en sus celulares y así habrían transferido a billeteras virtuales criptomonedas valoradas en más de 165 millones de pesos.
Servidores de la Policía Nacional capturaron a los procesados en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). En las acciones judiciales fueron confiscados ocho celulares y 150’650.000 de pesos en efectivo.
El juez de control de garantías ordenó la incautación con fines de comiso del dinero recuperado.
En el mismo operativo judicial fue capturada e imputada por los mismos delitos Jenifer Leandra Toro, quien fue dejada en libertad por decisión de la judicatura, pero continúa vinculada al proceso.
NAMT/SM/LMFO/MAGA/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
