Fiscales de la Seccional Bolívar lograron que jueces de control de garantías impusieran medidas privativas de la libertad contra dos hombres, a quienes, de acuerdo a sus posibles responsabilidades individuales, les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión y extorsión. Ninguno se allanó a los cargos.
La primera decisión judicial afectó a Francisco Alberto Herrera Bayuelo, alias Carne Falla, quien sería integrante de la subestructura Nicolás Antonio Urango Reyes, del Clan del Golfo. El procesado, al parecer, era responsable de cobrar las extorsiones que la organización delincuencial les hacía a comerciantes y ganaderos de los municipios de Mahates, Arjona, Arroyo Hondo y María La Baja (Bolívar).
Su captura fue materializada por la Policía y el Ejército Nacional en Mahates, en cumplimiento de una orden judicial. El juez del caso determinó que el investigado debe cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Por otros hechos, fue procesado Cristian Javier Álvarez López, de 19 años, presuntamente implicado en la extorsión de la que era víctima un comerciante del barrio La María de Cartagena. Según se logró determinar, la víctima recibió un mensaje a su celular en el que le exigían 800.000 pesos a cambio de no asesinarlo a él o a su familia.
Para ello, se acordó la entrega de un dinero que, según parece, fue recibido por Álvarez López. La captura del procesado estuvo a cargo del Gaula de la Policía Nacional. El hombre deberá permanecer privado de la libertad en su domicilio.
MEVA/MAGA/KG/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
