La Fiscalía judicializó a una mujer y dos hombres por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de extorsión, por hechos ocurridos entre el 27 de septiembre y el 11 de diciembre de 2020.

En la fotografía aparecen los dos capturados, junto a una uniformada del Gaula de la Policía Nacional y un uniformado de la Policía Nacional
Olga Gloria Pastrana Serpa e Iván Enrique Herrera.

Las investigaciones adelantadas por el ente acusador evidenciaron la posible participación de los detenidos en las exigencias económicas a un comerciante del corregimiento de Don Juana, jurisdicción del municipio de Bochalema (Norte de Santander) por la suma de 40 millones de pesos.E

La intimidación se hizo a través de llamadas telefónicas y visitas a su residencia en las cuales se le amenazó con atentar contra su vida si incumplía con el pago exigido.

En la fotografía aparece el capturado, junto a dos uniformados del Gaula de la Policía Nacional, en la parte de atrás se observa el banner de la Policía Nacional
Franklin Wiber Uribe Rojas.

Los procesados, Olga Gloria Pastrana Serpa e Iván Enrique Herrera, fueron capturados en Tierra Linda (Córdoba), mientras que a Franklin Wiber Uribe Rojas fue detenido en vía pública de Cúcuta, acciones adelantadas por la Policía Nacional en articulación con uniformados del Ejercito Nacional el pasado 27 de septiembre.

En audiencias preliminares un juez con funciones de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario en contra de los procesados.

La Fiscalía habla con resultados.

MPHA/CFG/JAAL/DSNS

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.