Miguel Ángel Guzmán García y Rodolfo Aldana Guzmán fueron cobijados con medida de aseguramiento por un juez con funciones de control de garantías de Ibagué (Tolima), por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada, concierto para delinquir y falsedad marcaria; ya que al momento de la captura se encontraban en una motocicleta que registraba una denuncia por hurto.
Los dos hombres, primos entre sí, fueron aprehendidos por servidores del CTI de Villavicencio adscritos al Gaula en un centro comercial del municipio de Saldaña (Tolima), donde cobraban un millón de pesos, de un total de seis, producto de una extorsión de la que fue víctima una empleada de la Alcaldía de Villavicencio, por la liberación de su sobrino, quien supuestamente había sido capturado por la Policía.
En la investigación adelantada por la Fiscalía 25 Seccional de la Unidad contra el Microtráfico y la Microextorsión de la capital del Meta, se estableció que los hechos venían ocurriendo desde el 5 de febrero último, cuando la víctima recibió una llamada telefónica en la que le informaban que su sobrino había sido sorprendido con un arma de fuego y algunos kilos de sustancias estupefacientes, por lo que le exigían la suma mencionada para no ‘perjudicarlo’ o judicializarlo en un proceso penal.
La mujer consignó $1 800 000 por una empresa de giros, pero le advirtieron que debía responder con el saldo y que en las próximas horas el sobrino estaría en la casa. No obstante, luego de comunicarse con el joven, supuestamente capturado, la víctima se percató de la estafa, pues este le indicó que estaba ocupado en algunas diligencias y por eso no la había llamado, pero que estaba bien.
Tras días de seguimiento, el CTI logró establecer que las llamadas fueron realizadas desde la cárcel Picaleña en Ibagué (Tolima), por un interno, quien a su vez utilizaba a Miguel Ángel Guzmán y Rodolfo Aldana Guzmán, familiares suyos, para que cobraran el dinero producto de la extorsión.
Según lo establecido, la mujer fue objeto de una modalidad extorsiva que se ha incrementado últimamente y que consiste en estudiar el entorno familiar y las actividades a las que se dedican, así como los horarios de los afectados, para luego realizar las extorsiones desde los establecimientos penitenciarios.
En menos de ocho días, los investigadores del Gaula CTI de Villavicencio, con apoyo del Ejército, han desmantelado dos estructuras con el mismo modus operandi.
Otro de los casos ocurrió desde la cárcel de Villavicencio, donde personas privadas de la libertad efectuaron la extorsión e involucraron a familiares, incluso a una mujer en estado de gestación, para recibir el dinero.
Con éstas se registran hasta el momento 17 capturas por este tipo de extorsiones y se continúa con la investigación en otros 45 procesos con la misma modalidad.
Los procesados fueron remitidos a la cárcel Picaleña en la capital del Tolima.
