Un juez con función de control de garantías de Medellín (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en su domicilio a una abogada de la Defensoría del Pueblo, a la empleada de una notaría y a tres particulares, como presuntos responsables de conformar una organización criminal dedicada a estafar con la venta de viviendas en la capital antioqueña y el Valle de Aburrá.
Con la decisión fueron afectados Margarita María Peña Gómez, abogada de víctimas de la defensoría pública, María José Elisa Álvarez Arbeláez, protocolista de la Notaría 18 de Medellín y los particulares Óscar de Jesús Ortiz Álvarez, Mónica María Sánchez Velásquez y Marta Irene Velásquez Tapias. Los tres últimos serían los responsables de suplantar las firmas de los propietarios de los inmuebles.
A los 5 procesados se les imputaron cargos por 17 falsedades en documento público agravadas por el uso, 12 estafas, 7 falsedades en documento privado, 7 punibles de fraude procesal y concierto para delinquir. A la abogada Peña Gómez, quien apeló la medida, se le imputó además el delito de obstrucción a la justicia.
En la misma decisión el despacho se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y ordenó la libertad de Agustín de Jesús Sepúlveda Cossio, protocolista de la Notaría 30, ubicada en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.
De acuerdo con la investigación adelantada por un Fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), la organización criminal contactaba a los compradores de bienes inmuebles, les ofrecían propiedades que supuestamente iban a ser rematados por los juzgados civiles a menos de la mitad del precio comercial y les recibían dinero por cuotas. Pasados varios meses, las víctimas no recibían ni los inmuebles prometidos ni el dinero entregado.
Por los mismos hechos ya fue sentenciada a 5 años y 2 meses de prisión, la presunta cabecilla de la banda, Luz Mercedes Mazo, de 36 años de edad, quien aceptó cargos durante la audiencia de acusación.
LFML / AAEA
