Un Juez de control de Garantías de la capital aceptó la petición de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento intramural en contra de Ana Inés Chaparro Jaimes y Andrés Córdoba, servidor del Inpec, como presuntos responsables de los delitos de terrorismo agravado, tentativa de homicidio agravado, y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con la investigación a cargo de un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo, los hoy procesados intervinieron, supuestamente, en el lanzamiento de granadas de fragmentación contra locales comerciales en los barrios Quirigua y Kennedy de Bogotá, durante hechos ocurridos en julio y agosto de 2008.
Según lo establecido, la acción terrorista fue en represalia ante la negativa del propietario de los establecimientos a pagar una extorsión.
