Luego del contundente material probatorio presentado por un fiscal de la Seccional La Guajira, un juez con funciones de control de garantías judicializó a ocho personas, presuntos integrantes del grupo delincuencial Los del Toro.
Según la investigación, los procesados, al aparecer, eran los encargados de cobrar extorsiones a comerciantes, distribuidores de abastos en los barrios Luisa Pérez, Harry Fuminaya y Belén de Judea, de Maicao (La Guajira).
Así mismo, se logró establecer, que, en estos mismos sectores, la organización, logró despojar a tres familias de sus viviendas ante la imposibilidad de cumplir con las exigencias económicas que semanalmente les hacían.
Además, se evidenció que ‘Los del Toro’ utilizaban a menores de edad para que los aletarán cuando llegaban los vehículos que transportarían los alucinógenos y las armas de fuego.
La captura de los procesados, estuvo cargo de servidores de Cuerpo Técnico de Investigaciones (CT), unidades del Gaula Militar y agentes de la Sijín, el pasado 23 de agosto, en zona rural Maicao (La Guajira), en nueve diligencias de allanamientos, donde fueron de incautados 17 teléfonos celulares, dos proveedores y un cartucho recargado.
En desarrollo de las audiencias, la Fiscalía imputó a los procesados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, con fines de extorsión, hurto calificado y agravado.
Por su parte, el juez impuso medida restrictiva de la libertad en centro carcelario a Denis María Solano, Fernando Miguel Pulgar, Isaac Rafael Suarez Solano, Keiner Javier Calle Ramírez y José Miguel Romero de Ávila.
Mientras que Rocío de los Ángeles Rubio Samper, Matilde María Gámez Solano y Jesús Alberto Gámez Padilla, fueron asegurados en su lugar de residencia.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/MG/SHHG/DSG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
