Cerca de 120.000 personas invirtieron algo más de 130.000 millones de pesos en un modelo de moneda virtual, a la espera de rendimientos que nunca recibieron.
Luego de valorar el material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación, una juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a cinco de los seis presuntos implicados en una millonaria defraudación, a través de un supuesto modelo de criptomonedas.
Los afectados con la decisión son: Leonardo Galindo Jiménez, Ómar Hernández Doux-Ruisseau, Leydie Jhoanna Góngora Naranjo, Cristhian Andrés Hernández Valencia y Juan Manuel Piedrahita Giraldo. De otra parte, Luis Fernando Marín Lasprilla seguirá vinculado a la investigación.
A estas personas les imputaron, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dinero, y enriquecimiento ilícito de particulares. Los cargos no fueron aceptados.
La investigación
Los hoy procesado habrían creado un holding del que harían parte, al menos, 14 empresas utilizadas para darles apariencia de legalidad a transacciones con criptomonedas. Estas operaciones eran realizadas sin los permisos y requisitos exigidos por la ley.
La moneda virtual era ofrecida en redes sociales, conciertos y otros eventos masivos, con el supuesto de que los inversores obtendrían rendimientos de entre 0,5% diarios a 12% mensuales. Cerca de 120.000 clientes que creyeron en esta idea, al parecer, le confiaron al grupo más de 130.000 millones de pesos, y nunca recibieron las ganancias prometidas.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAGA/JARG/CEVS/DECLA/MRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
