Por solicitud de un fiscal del grupo de Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Tolima, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento privativas de la libertad a tres hombres y una mujer que estarían implicados, desde 2023, en el hurto y sacrificio de ganado en los municipios tolimenses del Guamo, San Luis y sus alrededores.
Se trata de Julio César Peláez Ramírez, Yeison Edilmer Quesada Ortiz, Noé Barreto Góngora y Orfilia Bernate Díaz quienes fueron capturados por la Policía Nacional en diferentes puntos del Guamo. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, abigeato y corrupción de alimentos, ninguno fue aceptado.
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El material de prueba aportado por la Fiscalía evidenció cómo los procesados, al parecer, llegaban a altas horas de la madrugada a distintas fincas donde sacrificaban reses, sacaban la carne en canal, y la vendían en carnicerías locales y otras de Bogotá.
Al parecer, los procesados estarían vinculados en tres hechos delictivos ocurridos entre junio y noviembre de 2023. En dos casos, se presume llegaron a una finca donde se apoderaron de dos animales que habrían sacrificado y comercializado, generando pérdidas cercanas a los 19 millones de pesos para los propietarios.
El tercer hecho está relacionado con la captura en el municipio tolimense de Melgar de Quesada Ortiz y Peláez Ramírez. Funcionarios de Policía de Tránsito los sorprendieron cuando, al parecer, se desplazaban en bus transportando carne porcionada en bolsas plásticas y estopas para ser comercializadas en la capital del país.
El juez de control de garantías impuso a Peláez Ramírez y Quesada Ortiz aseguramiento carcelario; Barreto Góngora y Bernate Díaz fueron afectados con detención domiciliaria.
PAAM/LMFO/MAGA/MCAA/DST
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
