Con medida de aseguramiento domiciliaria fueron cobijados Julio César Díaz, exsecretario de Infraestructura de Buenaventura (Valle del Cauca) y el interventor Jesús Eduardo Vivas Hurtado, mientras que con detención intramuros quedó el contratista Marcial Mancilla, por supuestas irregularidades en la contratación de obras para unos pozos sépticos en esa ciudad.
Así lo determinaron los Jueces Tercero y Séptimo Penales Municipales de Buenaventura y Buga (Valle del Cauca), respectivamente, quienes acogieron la petición de la Fiscalía General de la Nación; sin embargo el fiscal del caso apeló la decisión del Juez Tercero, que otorgó la domiciliaria para el exsecretario de Infraestructura y el interventor.
Según la Fiscalía, los indiciados se habrían apropiado de 615 millones de pesos, que estaban destinados para la construcción de 180 pozos sépticos, en el año 2013. Al parecer, de dos contratos que fueron cancelados en su totalidad, solo se habría ejecutado el 60% en uno y el 20% en el otro.
Los pozos serían construidos en las veredas San Isidro y Calle Larga, de la zona rural de Buenaventura. Dichas obras habrían sido certificadas como ejecutadas por el entonces Secretario de Infraestructura y el interventor.
Miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Buenaventura, Buga y Cali, capturaron a los hoy procesados, luego de que un juez librara las respectivas órdenes, previa solicitud del fiscal del caso.
En las audiencias, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en contra de Julio César Díaz.
Por peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, en contra de Jesús Eduardo Vivas Hurtado y Marcial Mancilla; este último fue trasladado a la cárcel de Buga.
En los próximos días, se llevará a cabo la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía, ante un juez de conocimiento, quien definirá en segunda instancia, el tipo de medida (domiciliaria o intramuros) para el exsecretario y el interventor.
MAP/DLBM
