El crimen ocurrió durante un intento de hurto.
Al llegar a la puerta de la casa de su mamá, ubicada en el barrio Primero de Mayo de Valledupar (Cesar), el intendente Cristian Adrián García Ruiz fue interceptado por tres hombres que lo intimidaron con un arma de fuego para que entregara sus pertenencias y elementos de valor.
Esa madrugada del pasado 6 de julio, el uniformado, adscrito a la Sijin del Departamento de Policía de Cesar, intentó evitar el asalto y recibió varios disparos que le causaron la muerte. Los agresores escaparon del sitio en dos motocicletas, una de estas pertenecía a la víctima.
Las labores investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron obtener los registros de las cámaras de seguridad y otras evidencias que pusieron al descubierto a los presuntos involucrados en el crimen. Se trata de Adrián Camilo Calvo Tonson, señalado de accionar el arma de fuego; Andrés Alberto Escobar Camargo y Ronald José Charris Vargas.
Un fiscal de la Seccional Cesar presentó a estas personas ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de homicidio y hurto, ambas conductas agravadas; y fabricación, tráfico, y porte de armas de fuego o municiones.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados, que deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
Calvo Tonson, Escobar Camargo y Charris Vargas fueron capturados en diligencias realizadas de manera conjunta por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Valledupar (Cesar) y Barranquilla (Atlántico).
EDH/LMFO/JARG/RCV/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
