Son señalados de inmovilizar un tractocamión en Bosconia (Cesar) para quedarse con la carga y pedirle 300 millones de pesos al propietario.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al fiscal seccional Leopoldo Eduardo Montes Dávila y a los patrulleros de la Sijin de la Policía Metropolitana de Santa Marta Javier Tapias Madera y Wladimir José Sanjuan Márquez, como posibles responsables de la aprehensión irregular de una mercancía importada y la posterior exigencia de dinero para devolverla.
Los elementos materiales probatorios indican que los funcionarios habrían aprovechado ilícitamente sus cargos para inmovilizar un tractocamión que salió de la zona portuaria rumbo a Medellín (Antioquia) con 15 motores importados. El vehículo fue interceptado el 24 de enero en inmediaciones de Bosconia (Cesar) y trasladado a un parqueadero.
Al día siguiente, el fiscal Montes Dávila habría emitido un oficio en el que ordenó poner a disposición de su despacho el automotor y la carga por supuestamente tratarse de un tema de narcotráfico y contrabando. Desde ese momento, el propietario de la mercancía se reunió con los hoy procesados, quienes presuntamente le pidieron 300 millones para retornar los motores. Posteriormente, la exigencia bajó a 100 millones de pesos.
En el curso de la investigación se conoció que el fiscal asumió un caso que no era de su competencia y, para dar apariencia de legalidad a su actuar, incluyó todas las actuaciones a un proceso abierto por otros hechos distintos.
En ese sentido, una fiscal delegada ante tribunal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los señalados involucrados el delito de concusión. Adicionalmente, al funcionario judicial le fue formulado el cargo de prevaricato por omisión agravado.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/JARG/MPO/DECC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
