Uno de los procesados era empleado de la víctima y habría facilitado información para ejecutar el hurto y posterior crimen. El otro, al parecer, amordazó a los ocupantes de la finca en la que ocurrió el homicidio y, luego de ponerlos en estado de indefensión, le disparó a dos de ellos.
Un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó ante una juez de control de garantías a Yohan Daniel Pinzón Díaz y Sergio Alejandro Gómez Quintero, por su presunta participación en el crimen del empresario Luis Alfonso Valencia y el mayordomo Darío López Herrera, ocurrido el 11 de noviembre de 2024, en zona rural de Guaduas (Cundinamarca).
La Fiscalía imputó a los dos hombres los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, secuestro simple, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Los elementos materiales probatorios obtenidos en la investigación dan cuenta de que Pinzón Díaz era trabajador de la finca del señor Valencia, y habría suministrado información sobre los objetos de valor que estaban en el inmueble a un grupo delincuencial, que ingresó al predio, sometió a los tres ocupantes, disparó contra dos de ellos causándoles la muerte y huyó con vehículos y otros artículos que fueron hurtados del lugar.
Por su parte, Gómez Quintero es señalado de amordazar a las víctimas, ponerlas en estado de indefensión y accionar un arma de fuego contra el empresario y su mayordomo.
LKSC/MAGA/JCM/DSC/JARG.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
