Las actividades ilícitas que se les atribuyen estarían relacionadas con la obtención de recursos para financiar a las disidencias de las Farc.
En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Hernán Leandro Pineda Veloza, José del Carmen Carrillo Rojas, Alexander Rodríguez Acosta y Libardo Guiza Hernández, posibles responsables del cobro de extorsiones y de secuestros a trabajadores y representantes de consorcios petroleros en Meta.
Estos hombres son señalados de aprovechar el vínculo laboral que tenían con las compañías afectadas para obtener información privilegiada sobre contratos de alto valor suscritos y que serían ejecutados en los sectores del Oasis y el Salto de Cuernavaca, en Puerto Gaitán (Meta). Posteriormente, con datos precisos y ocultando su identidad, contactaban a trabajadores y directivos de las empresas y los obligan a pagar determinadas sumas de dinero en medio de amenazas.
De esta manera, presuntamente contribuían a las finanzas ilícitas del autodenominado frente 39 ‘Arcesio Niño’ de las disidencias de las Farc.
Adicionalmente, uno de los hoy procesados, Carrillo Rojas, estaría implicado en la retención ilegal de dos empleados de un consorcio petrolero, en septiembre de 2024. Las víctimas permanecieron dos días en cautiverio en una zona conocida como Altos de Tillava, en Puerto Gaitán, y por su liberación exigieron a los familiares 60 millones de pesos.
Por lo anterior, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas personas, de acuerdo con su posible participación, los delitos de concierto para delinquir agravado con fines extorsivos, extorsión agravada y secuestro extorsivo. Los cargos no fueron aceptados.
Esta información se publica por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
