Yorman Alejandro Díaz Barreto y Julián Andrés Loaiza Rojas fueron enviados a prisión como medida de aseguramiento preventiva por su presunta participación en el homicidio de Cristian Fernando Bustos Torres en junio pasado en Florencia (Caquetá).
Los procesados fueron detenidos el fin de semana que acaba de pasar por investigadores del CTI y la Policía Nacional quienes en conjunto lideran la investigación por estos hechos ocurridos en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Consolata.
En el barrio La Libertad fue detenido Diaz Barreto conocido con el alias de Mijito mientras que su cómplice, alias el Enano, en el barrio Porvenir.
Un fiscal seccional adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Caquetá les imputó los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, porte y tráfico de armas de fuego agravado, y uso de menores de edad para la comisión de delitos en calidad de coautores impropios.
Labores investigativas indican que los asegurados quienes son taxistas de oficio, habrían participado en el homicidio del comerciante Bustos Torres en calidad de campaneros, haciéndole seguimiento, lo mismo que una menor de edad.
La víctima fue ultimada bajo la modalidad de sicariato a quien un tercero disparó en repetidas ocasiones cuando se encontraba en un bar. Luego del crimen los asegurados se dieron a la huida en sus propios taxis.
Se presume que los móviles estarían relacionados con retaliaciones por el tráfico de estupefacientes.
PAAM/FAGH/DFM/DSC
La Fiscalía habla con resultados
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
