Por petición de fiscales de la Seccional Bolívar, jueces de control de garantías de Cartagena impusieron, en dos hechos independientes, medidas de aseguramiento carcelarias a hombres señalados de abusar sexualmente de menores de edad.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo a sus responsabilidades individuales, los delitos de acceso carnal violento con menor de 14 años, acceso carnal violento y acto sexual violento, todas las conductas agravadas. Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra.
Uno de los procesados es hombre de 29 años, quien entre 2024 y 2025, al parecer, agredió sexualmente y en 17 oportunidades; a una menor de 9 años, hija de su compañera sentimental. Los vejámenes ocurrieron en el corregimiento Montecristo, jurisdicción de Magangué (Bolívar). La captura de esta persona estuvo a cargo de la Policía Nacional.
Por otro hecho similar, fue privado de la libertad un hombre de 59 años, quien habría abusado sexualmente de su hija, de 16. Los hechos se registraron en el barrio Armenia de Cartagena. La investigación evidenció que las agresiones sucedieron entre febrero y junio de 2024, cuando el ahora procesado recogía a la adolescente en su taxi. Al parecer, el investigado aprovechaba dichos trayectos para obligar a la joven a ver videos con contenido para adultos, y a su vez, someterla a tocamientos de índole sexual y accederla carnalmente.
A manera de presión, para que la adolescente accediera a los vejámenes y no contara lo sucedido, el hombre la amenazaría con retirarle la ayuda económica, e impedirle salir de casa. El investigado fue capturado por la Policía Nacional en el barrio Armenia, el pasado 14 de mayo.
MEVA/MAGA/AF/YQ/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
