El material probatorio recopilado por la Fiscalía General de la Nación permitió la judicialización de Dilson Javier Romero Hinestroza y Francisco Antonio Torres Rodríguez por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

En la fotografía a aparecen los dos capturados junto a un soldado del Gaula de la Armada y un uniformado del Gaula de la Policía Nacional. En la parte posterior está una mesa con teléfonos celulares, un arma, tres proveedores y dinero en efectivo.
Dilson Javier Romero Hinestroza y Francisco Antonio Torres Rodríguez fueron capturados cuando presuntamente recibían dinero por una extorsión

De acuerdo con la investigación, el pasado 23 de junio, los dos procesados en compañía de otras personas, habrían llegado fuertemente armados a un lote en donde se lleva a cabo una construcción de un inmueble, en Buenaventura (Valle del Cauca).

En el sitio dos de ellos abordaron a su propietario y, presuntamente, le exigieron el pago de 250.000.000 de pesos, a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia, y permitir continuar con las obras.

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía, la víctima llegó a un acuerdo con los dos hombres de pagar 2.000.000 de pesos mensuales, cuya primera entrega sería el pasado 25 de junio.

Romero Hinestroza y Torres Rodríguez, fueron capturados por uniformados del Gaula de la Policía Nacional en medio de una entrega controlada con el propietario de la obra.

Durante la requisa les fue incautada un arma de fuego, tres proveedores, munición, dos celulares y dinero en efectivo.

En las audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos y un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.