Se trata de hechos ocurridos de manera independiente en el municipio de Dosquebradas. En ambos casos las víctimas fueron contactadas a través de internet, y fueron convencidas de compartir imágenes íntimas con las que luego fueron extorsionadas.
Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Risaralda, jueces con función de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento privativas de la libertad a dos hombres que, de manera independiente, habrían incurrido en extorsiones contra dos mujeres.
Los casos
- El pasado 31 de enero fue capturado Jhonatan Vergara Firigua quien, según la investigación, conoció a la víctima en 2022 a través de una red social. Tras ganarse su confianza el hombre convenció a la mujer para que le enviara fotos íntimas. Se cree que desde agosto de 2023 el procesado empezó a realizar exigencias económicas ilegales que superaron los 9 millones de pesos, para no divulgar las imágenes.
- Un hecho similar, aunque independiente, posibilitó la captura de Cristian Camilo Martínez Carvajal. Este hombre, al parecer, conoció a la víctima a través de una página web especializada en el relacionamiento de personas. El hombre habría convencido a la mujer para que le enviara fotos íntimas por las que luego le exigiría sostener relaciones sexuales y dinero, so pena de divulgarlas las fotos.
Los procesados fueron capturados cuando presuntamente recibían el dinero producto de las extorsiones. La Fiscalía los imputó como posibles responsables del delito de extorsión.
Esta información se publica por razones de interés general
La Fiscalía habla con resultados.
CLCG/MAGA/CABS/DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
