Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, a Elfar Daniel Velandia Bateca y William Daniel González Carreño.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas, los hechos ocurrieron el pasado 16 de noviembre en la plaza de mercado ubicada en el barrio Cristo Rey de Arauca (Arauca), donde los hoy procesados sin mediar palabra, al parecer, dispararon contra Jairo Andrés Padilla Márquez, quien falleció en lugar mencionado.

 En la imagen se observa a los dos capturados junto a uniformados de la Policía Nacional. En parte posterior se visualiza el banner que identifica al Departamento de Policía de Arauca.
Los procesados habrían participado en un homicidio ocurrido en la plaza de mercado central de la capital araucana el pasado 16 de noviembre.

Cabe anotar que en el mismo caso quedó herido Francisco Villamizar Moncada, quien se encontraba en ese momento conversando con la víctima, y fue alcanzado por la misma bala que impactó a Padilla Márquez.

Los hombres, quienes huyeron en una motocicleta, fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional, luego de que la comunidad alertara a los uniformados de los hechos investigados.

En audiencias preliminares el juez avaló los argumentos de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La Fiscalía habla con resultados

 

 

 

MPHA/LYBT/HMCR/DSA

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.