La Fiscalía General de la Nación judicializó a Jonathan José Moreno Fernández y Ender Mauricio Sierra Castañeda por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y pornografía con menor de 18 años, a los cuales no se allanaron.
Los hombres fueron capturados en flagrancia por uniformados de la Policía Nacional el pasado 25 de febrero luego de varias actividades de policía judicial como seguimientos llevaron a realizar diligencia de registro y allanamiento.
De acuerdo con las denuncias instauradas por las madres de las víctimas se estableció que uno de los capturados habría contactado a una de las menores para grabar videos para adultos, lo que permitió ubicar la casa donde se cometía el ilícito, en el barrio San Martín de Cúcuta (Norte de Santander).
En la diligencia judicial servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), recuperaron a dos menores que estarían siendo explotadas sexualmente. Además, fueron incautados videocámaras, CPU, celulares, juguetes sexuales y estupefacientes.
Las adolescentes fueron entregadas a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos.
Durante las audiencias concentradas, un juez con funciones de control de garantías acogió los argumentos de la Fiscalía y afectó con medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario a los dos procesados.
La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MPHA/MG/JAAL/DSNS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
