Fiscales adscritos a la Seccional Bolívar aportaron elementos de prueba suficientes para que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento a dos hombres, presuntamente responsables del delito de homicidio agravado. Los hechos violentos se registraron en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena, y en el municipio de Magangué.
Se trata de Mauricio Barboza Correa, de 26 años, quien le habría quitado la vida a un hombre en el barrio Altos de la Cruz de Bayunca. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de mayo cuando, en medio de una fiesta popular, el procesado junto a otra persona, al parecer, hirieron con arma blanca a un ciudadano.
Se presume que el ataque se generó como venganza por rencillas que datan del año 2020. El herido, de 26 años, falleció cuando era trasladado a un hospital. Barboza Correa fue capturado en un centro médico de Cartagena por la Policía Nacional, cuatro días después del crimen.
Por otro caso, fue judicializado Deivis José Camargo Vanegas. Esta persona estaría implicada en hechos ocurridos el pasado 19 de mayo en el barrio Primero de Mayo de Magangué, donde el procesado, de 40 años, al parecer, atacó a un hombre de 28, quien murió producto de las heridas causadas con un arma cortopunzante. Policías que se encontraban cerca al lugar capturaron en flagrancia al ahora investigado.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los cargos imputados por el ente acusador.
Por disposición judicial, Barboza Correa cumplirá la medida de aseguramiento en centro carcelario de Cartagena, mientras que Camargo Vanegas lo hará en la penitenciaria de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar (Cesar).
MEVA/MAGA/JB/JOA/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
