Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Cartagena judicializó a dos ciudadanos franceses, quienes al parecer iban a abordar un crucero con 15,6 kilos de cocaína adheridos a sus cuerpos.

En la fotografía están dos hombres de pie, con los brazos atrás, uno es alto, de piel negra, contextura gruesa vestido de camiseta y pantalón negro y el otro es de estatura mediana, trigueño, con barba, vestido de camiseta blanca y pantalón negro. Se encuentran custodiados por dos agentes de la Policía Nacional. En una mesa aparece la droga que se les incautó.
A los extranjeros, la Fiscalía les imputó el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.

Los hechos investigados se registraron el pasado 26 de enero cuando el crucero se encontraba en tránsito por la capital de Bolívar y uniformados de la Policía Nacional capturaron a los extranjeros en medio de una requisa.

La decisión judicial afectó a Jhonathan Exauce Antonio Bento, de 20 años y a Amine Mohamed Bouanani, de 26.

La Fiscalía los imputó por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, al que no se allanaron.

Un juez de control de garantías dispuso detención preventiva en centro carcelario para Mohamed Bouanani y detención domiciliaria para Antonio Bento, que cumplirá en la vivienda de unos conocidos en Cartagena.

La Seccional Bolívar se mantiene firme con el compromiso de adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de resolver con eficacia los delitos que afectan la seguridad ciudadana en los territorios.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

 

 

 

 

MEVA/CFG/ICHS/DSB

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.