Cuatro presuntos integrantes del grupo delictivo Los Alen, dedicado al hurto de motocicletas, fueron privados de la libertad por decisión de un juez de control de garantías, luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en Cali (Valle del Cauca).
Se trata de Bairon Stiven Olaya Porras, Andrés Felipe Cuero, Amparo Cecilia Campaz Quiñónez y un menor de edad.
Según la Fiscalía, las personas antes relacionadas, al parecer, ejercían su accionar delictivo en los sectores de Río cauca I y II, así como en Desepaz, de la Comuna 21, Distrito 4 de la capital vallecaucana, donde hurtaban motocicletas mediante la modalidad de atraco y halado, como un forma de financiación para el tráfico y venta de sustancias estupefacientes. Asimismo, su accionar delictivo provocó el desplazamiento de personas que residían en dichos sectores.
Personal de la Sijin de la Policía Nacional, realizaron 11 diligencias de registro y allanamiento, ordenadas por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Cali, en las que hicieron efectivas tres órdenes de captura y la aprehensión de un menor de edad.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía imputó cargos a los capturados y al menor aprehendido por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y desplazamiento forzado.
Los jueces decidieron que los tres adultos implicados deben cumplir la medida de aseguramiento en centros carcelarios. El menor de edad debe cumplir internamiento preventivo en un centro especializado para adolescentes.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/SEGM/DSC/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
