Tras avalar los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía, un juez con funciones de control de garantías de Cúcuta (Norte de Santander) legalizó la captura del subintendente de la Policía Nacional, José Ricardo Monsalve Mendoza y de los patrulleros Franklin Oswaldo Airas Ramírez, Álvaro Arenas Rodríguez y Juan Carlos Flórez Vega, investigados por su presunta responsabilidad en el secuestro de un comerciante de Villa el Rosario (Norte de Santander), hecho ocurridos el 30 de septiembre de 2020.
De acuerdo con las investigaciones, los hoy indiciados presuntamente ingresaron de manera arbitraria a una bodega ubicada en Villa del Rosario, en la cual se guardaban medicamentos para la apertura de un establecimiento nuevo y para el suministro de una ONG (Projst Hope), donde se encontraba Rafael Montes Ibarra, a quien al parecer retienen en contra de su voluntad y le exigen la suma de cinco millones de pesos para no incautar los elementos y no judicializarlo.
La víctima se comunica con su hermano Jesús Albero Montes Ibarra, quien dijo que al llegar al lugar encontró a Rafael esposado y llorando, y quien les habría entregado a los uniformados 4 millones de pesos.
Los procesados fueron capturados con orden judicial, previa solicitud del fiscal del caso, en zona urbana de esta localidad por uniformados de la Policía Nacional. La Fiscalía les formuló cargos por el delito de secuestro extorsivo agravado y violación de habitación ajena.
Finalizada la audiencia de imputación, los investigados no aceptaron su responsabilidad y el ente juzgador dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario de esta ciudad.
La decisión fue apelada por la defensa de los procesados.
La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
