La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro de reclusión contra cinco presuntos responsables de participar en dos homicidios cometidos, en hechos aislados, en Barranquilla (Atlántico) y su Área Metropolitana.
El primer caso ocurrió el 18 de marzo de este año, cuando las autoridades hallaron en un contenedor el cuerpo sin vida de un hombre de 19 años, en una zona boscosa del sector Villas de San Carlos de la capital del Atlántico.
Por esos hechos fueron capturados por servidores de la Policía Nacional Jhon Jamer Acuña Soto, Gilberto Junior Peñata Altamiranda, Keyner Francisco Coba Visbal y Neider Yesith Alonso Galindo.
Los elementos de prueba evidenciaron que los hoy procesados, al parecer, intimidaron a la víctima con un arma de fuego y lo condujeron a pie hasta un inmueble ubicado en Las Gardenias, donde lo amarraron, lo agredieron en repetidas ocasiones y luego lo estrangularon. Posteriormente, habrían introducido el cuerpo en un saco y lo arrojaron en el mencionado sector.
El segundo hecho se presentó en el municipio de Malambo (Atlántico) el 18 de noviembre de 2024, cuando una mujer fue asesinada con arma de fuego mientras se encontraba con su madre y hermana, quienes también resultaron lesionadas. Por este caso fue capturado Dairo Andrés Sandoval Ruíz, alias Kikillero, quien, según los elementos de prueba, se transportaba con otra persona en una motocicleta.
Los procesados no aceptaron cargos que les imputó la Fiscalía, según su responsabilidad individual, por los punibles de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego de defensa personal.
SKCR/ LFML/EA/ANT/WFOJ/DSA
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
