La Fiscalía General de la Nación judicializó a cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Picagallos, dedicados al hurto a personas, a quienes amedrentaban con armas de fuego y cortopunzantes en Pitalito (Huila). En ese sentido, se obtuvo tres medidas de aseguramiento en centro carcelario y dos medidas de internamiento preventivo en contra de menores.
Los aprehendidos, en diligencias de registro y allanamiento adelantadas por miembros de Sijín en los barrios Popular, La Esperanza y Los Pinos de Pitalito (Huila) fueron judicializados según su presunta responsabilidad en los delitos de hurto calificado y agravado, receptación y uso de menores de edad para la comisión de delitos.
Se trata de dos menores de 16 años, y tres mayores: Juan Camilo Rodríguez Rivera, alias Mesías, Brandon Steven Alvarado Artunduaga, alias Mojarro y Juan David Ariza Castillo, alias Castillo, este último capturado en flagrancia por el delito de receptación.
La investigación permitió establecer que esta estructura delincuencial hurtaba pertenencias como celulares, dinero, joyas a diferentes personas en la calle y en establecimientos comerciales como panaderías.
En uno de los eventos, el 31 diciembre de 2021, los hoy judicializados con arma de fuego, al parecer intimidaron a dos hombres que se desplazaban en una motocicleta por el barrio Popular y les habrían hurtado el automotor, que fue recuperado el 30 de julio de este año.
Todos los procesados, a excepción de Ariza Castillo, aceptaron los cargos por los que la Fiscalía los investiga.
La Fiscalía habla con resultados.
LMGM/MG/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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