Luego de las imputaciones formuladas por la Fiscalía, entre el 16 y 22 de mayo último, en contra de 19 personas procesadas por su presunta participación en el desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de las devoluciones ilícitas del IVA por valor de 300 mil millones de pesos; un juez de control de garantías de Bogotá les dictó medida de aseguramiento.
Entre los implicados hay 14 funcionarios y cuatro exfuncionarios de esa entidad, así como un empleado activo de la Cámara de Comercio de Bogotá; quienes habrían incurrido en los delitos de peculado por apropiación agravado, concierto para delinquir, cohecho y falsedad ideológica.
Los 12 investigados que aceptaron los delitos que la Fiscalía les endilgó, son: Omar Leonidas Pisco, Jefe de Jurídica de la Cámara de Comercio; Carlos Armando Rodríguez Torres, Alfredo Farias Sepúlveda, Alonso Viana Cubides, Gustavo Vanegas Téllez, Javier Navas Ballesteros, Jaime Enrique Silva Ballesteros, Fabio Iván Escobar, Amparo Barajas García, Martha Cecilia Franco, Luz Mery Guevara Borbón y María Paulina Rubio.
Por otra parte, los siete encartados restantes a quienes la Fiscalía llevará a juicio, fueron identificados como: Oscar Iván Gómez Lozada, Nelson Esteban Bazurto, William Rivero Valderrama, Edgar Pinzón Ardila, Eduardo Ávila Nieto, Ómar Gaitán García y Diego Gaitán Girón.
De estas personas, 15 quedaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras que a las otras, el juez les concedió la detención domiciliaria por razones personales y familiares.
Todos los asegurados fueron aprehendidos durante una operación realizada el pasado 13 de mayo, gracias a una labor conjunta de la DIJIN de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Investigaciones y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y la DIAN.
De acuerdo con las normas, las penas que los jueces pueden llegar a imponer oscilarían entre 8 y 45 años de cárcel.
Según lo establecido en la investigación, el Carrusel de las Devoluciones del IVA operaba con la coautoría y complicidad de más de sesenta particulares, que constituyeron durante varios años empresas de fachada que simulaban negociaciones de textiles, chatarra y alimentos y se encargaban de hacer exportaciones ficticias a China, Panamá y Venezuela. Además, tenían la complicidad de empleados de la DIAN en Medellín y Bogotá, entre otras ciudades.
Por el millonario desfalco a la DIAN, contando estos 19 asegurados, la Fiscalía ha judicializado a 80 personas. De estas últimas, 53 aceptaron cargos, que se distribuyen en 24 condenados y 29 más esperando a que los jueces definan la pena.
