Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de 9 presuntos integrantes del grupo delincuencial La Raya, que delinque en la Comuna 15 de Medellín. En la misma decisión un hombre fue afectado con medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.
Entre los asegurados se encuentra el presunto cabecilla Diego Alejandro Toro Henao, alias Cangrejo y uno de los supuestos coordinadores de zona Jhon Alexander Venegas López, alias Bronx.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal destacado ante el Gaula, ‘La Raya’ tiene asentamiento en este sector desde el año 2015, donde manejaban ingresos mensuales de más de 70 millones de pesos, producto de la venta de estupefacientes y de las extorsiones a comerciantes, transportadores y habitantes de los barrios Guayabal, La colinita, Rodeo Alto, San Rafael y la vereda El Reposo.
Asimismo, se evidenció que los integrantes de esta organización criminal serían los presuntos responsables del secuestro de un hombre y su pareja sentimental el 5 de noviembre de 2023, quienes fueron retenidos en contra de su voluntad durante 40 minutos en el sector de La Raya, porque supuestamente había hurtado 40 millones de pesos y joyas.
Luego, los procesado habrían desplazado a la pareja del sector y se habrían apoderado de su vehículo mientras demostraban su inocencia en el supuesto hurto.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados, según su presunta responsabilidad por delitos como concierto para delinquir, extorsión, desplazamiento forzado, secuestro simple, constreñimiento ilegal, hurto calificado y agravado y tráfico de estupefacientes.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/MG/OG/YMAS/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
