Un fiscal adscrito a la Seccional Putumayo presentó ante un juez de control de garantías de Mocoa (Putumayo) a Roldan Yersenton Araujo Rosero, presuntamente implicado en el secuestro de una familia a la que le estarían exigiendo el pago de 100 millones de pesos.

Según la investigación, el pasado 16 de febrero el procesado; junto con otras personas, al parecer, llegaron a una vivienda ubicada en la vereda Las Planadas de Mocoa. Con la excusa de contratar al padre de familia para una obra construcción, ingresaron al lugar e intimidaron a los residentes con un arma de fuego.

En la fotografía aparece un capturado junto a personal de Policía Nacional. En la parte posterior de la imagen se ven banners de Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Roldan Yersenton Araujo Rosero judicializado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado.

Labores de policía judicial evidenciaron que el hombre y su familia fueron sometidos a malos tratos; además de haber sido amenazados de muerte en caso de no revelar el lugar donde supuestamente tenía guardaos 100 millones de pesos, producto de la venta de una casa. También, habrían encerrado a un menor de edad en una habitación a manera de presión.

Del lugar fueron hurtadas joyas, dinero en efectivo y un celular; elementos avaluados en cerca de 20 millones de pesos. Los procesados abandonaron la vivienda y dejaron a las personas amordazadas.

Por estos hechos, Araujo Rosero fue judicializado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Ninguno de los cargos fue aceptado.

La Fiscalía habla con resultados.

 

LMGM/MAGA/OJPG/DSP

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.