La Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Esteban Mejía Arboleda, alias Barber, misma que fue acogida por un juez de control de garantías de Medellín.
Según la denuncia instaurada por la víctima, hace dos años sostuvo una relación sentimental con el presunto victimario, durante ese tiempo, al parecer, era agredida física y verbalmente. También, aseguró la víctima, que el procesado, habría Hurtado su celular, y por esto decide terminar su relación amorosa.
A comienzos del mes de diciembre de este año mujer comienza a recibir mensajes de texto y llamadas extorsivas en las que, presuntamente, su excompañero sentimental le exigía entre $100. 000 y $300.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su madre; la víctima hace varias consignaciones y pagos personales que superan los 5 millones de pesos.
El pasado 8 de diciembre, el presunto victimario aborda a su víctima en el barrio Boston de Medellín exigiéndole $300.000 o de lo contrario atentaría contra su integridad, ella le dice que no tiene el dinero y este le manifiesta que le da plazo hasta el 14 de dicho mes.
En la fecha estipulada Mejía Arboleda fue capturado por servidores del CTI de la Fiscalía con el apoyo del Gaula Militar, cuando se disponía a recibir el dinero producto de la extorsión.
El procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal del Gaula Medellín por el delito de extorsión agravada consumada, en concurso homogéneo y sucesivo, y tentativa de extorsión agravada.
Alias Barber, tienen anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales.
La Fiscalía habla con resultados.
NAMT/GV/FAGH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004
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