Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías de Medellín (Antioquia) impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Alejandro Álvarez Londoño, alias Campero, presunto responsable de retener a un hombre y su hijo en la Comuna 3 de Medellín.
Los hechos investigados ocurrieron el 1 de octubre de 2020 en el barrio Manrique de Medellín donde la víctima fue citada por su excompañera sentimental, Claudia Patricia Cifuentes Lince, para hablar sobre la deuda que habían adquirido con Darwin Alejandro Ortiz Rendón.
Cuando la víctima llegó al lugar, al parecer, fue abordado por alias Campero y otros hombres quienes armados se lo llevaron a una vivienda del mismo barrio. En dicho lugar le informaron que la deuda en mención iba a ser cobrada por ellos y que debía pagarla de inmediato.
Según la investigación, adelantada por el Gaula de la Policía Nacional, con el fin de asegurar el referido pago los supuestos delincuentes retuvieron dos vehículos de propiedad de la víctima, uno de los cuales fue llevado al lugar por el hijo menor del retenido.
Tras varias horas de retención los presuntos delincuentes habrían obligado a la víctima a firmar una letra de cambio en favor de Darwin Alejandro Ortiz Rendón y posteriormente dejaron en libertad al padre y al hijo.
El procesado negó su responsabilidad respecto de los delitos de concierto para delinquir agravado y secuestro simple agravado atenuado.
Por estos hechos en mayo pasado 10 presuntos integrantes de la organización criminal La Terraza, entre quienes está Claudia Patricia Cifuentes Lince y Darwin Alejandro Ortiz Rendón fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.
La Fiscalía habla con resultados
NAMT/MAGA/HQ/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
