Al acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a prisión a Manuel Fernando Peláez Maza, alias Soldado, presunto responsable del homicidio del propietario de una transportadora en Tuluá, Valle del Cauca.  

En la foto aparece Manuel Fernando Peláez Maza, alias ‘Soldado’, con los brazos adelante y esposado. Viste buzo de manga larga vinotinto con gris y con franja negra en el pecho; pantalón vinotinto. A su derecha hay una uniformada de la Policía Nacional y a la izquierda de él un servidor del CTI de la Fiscalía.
Manuel Fernando Peláez Maza, alias ‘Soldado’, asegurado como presunto responsable del homicidio del propietario de una empresa transportadora, en Tuluá (Valle).

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 21 de febrero en el barrio Alvernia de Tuluá (Valle del Cauca), donde la víctima fue atacada con un arma de fuego. Hecho en el que habría intervenido un menor de edad. 

El crimen investigado, presumiblemente, obedeció a que la víctima se negó a pagar una extorsión, hecho que además generó el cierre total de las operaciones de la empresa. 

Por estos hechos la Fiscalía imputó al capturado, quien formaría parte del grupo delictivo La Oficina, los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y uso de menores de edad para la comisión de delitos. 

En la actualidad el investigado permanece recluido en un centro penitenciario de Calarcá (Quindío) por otros delitos. 

Esta información se publica por razones de interés general.  

La Fiscalía habla con resultados.  

 

 

 

 

 

MAP/MAGA/SMLR/DSVC 

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.