La Fiscalía General de La Nación judicializó y obtuvo detención preventiva en centro carcelario en contra de Maximino Espinosa Murcia, alias Máximo, presunto integrante y financiador de la comisión ´Sonia La Pilosa´ de la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.
El hombre haría parte de la Red de Apoyo al Terrorismo Residual de este Gaor y sería el encargado de coordinar las extorsiones a agricultores, cafeteros y transportadores en zona rural de Neiva (Huila), amenazando a sus víctimas con atentar en contra su integridad y la de su grupo familiar o con desplazarlas de sus lugares de injerencia.
Dentro de sus actividades ilícitas tendría como zona de injerencia cinco veredas del corregimiento Río de las Ceibas de la capital huilense donde, al parecer, hacía presencia con integrantes o colaboradores de dicha comisión para perfilar, realizar citaciones y coordinar el cobro de extorsiones a personas del sector.
De acuerdo a los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, dos de las víctimas refirieron que en junio y julio de 2021, cinco personas armadas con pistolas y fusiles presuntamente los amenazaron de muerte porque así lo habría ordenado el hoy judicializado. Así al parecer se apropiaron de 9 millones de pesos en un caso, y 30 millones de pesos en otro.
Como presunto autor de los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, una fiscal delegada ante el Gaula imputó a Espinosa Murcia, quien fue capturado por funcionarios de Gaula de la Policía Nacional en Rivera (Huila) a finales de noviembre pasado.
El procesado se declaró inocente ante los hechos.
La Fiscalía habla con resultados.
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LMGM/FAGH/DFHI/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
