Alejandro Montoya Castrillón fue enviado a una cárcel de Florencia, Caquetá, por su presunta participación en el delito de violencia intrafamiliar agravada cometida al parecer contra su compañera sentimental entre mayo del año 2022 a febrero de este año cuando ya había terminado su relación.
Debido a que la víctima denunció nuevos hechos de violencia en su contra y el hombre gozaba de libertad, la Fiscalía a través de un delegado adscrito al Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Intrafamiliar –Cavif- que lo investiga, solicitó la orden de captura en su contra y la medida de aseguramiento por representar un peligro para ella.
Los hechos
Se tiene documentado que los días 15 de mayo del año 2022, en un inmueble ubicado en el barrio Las Malvinas de la ciudad a eso de las 5:00 de la mañana, Montoya Castrillón, insultaría y golpearía con un cabezazo a su pareja y la agrediera con un cuchillo.
Esta situación se repetiría dos veces más en fechas posteriores. En una de esas ocasiones le propinaría puños e insultos por el simple hecho de haberlo despertado.
Otra de las agresiones registradas está relacionada con la ocurrida el 21 de mayo del año pasado cuando en vía pública del barrio Centro de Florencia, el hoy privado de la libertad la habría maltratado nuevamente propinándole diversos golpes, siendo remitida a un hospital debido a la gravedad de las lesiones sufridas.
Estos resultados se logran de acuerdo con el compromiso adquirido por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar los delitos de violencia basada en género.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LYBT/MC/NQB/DSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
