Con medida de aseguramiento privativa de la libertad fue la decisión de un juez de control de garantías, luego de acoger la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, en contra de Carlos Arturo Zambrano, patrullero de la Policía Nacional, como presunto implicado en hurto, peculado por uso y porte ilegal de armas o municiones, en el municipio de Dagua (Valle del Cauca).
Los hechos materia de investigación ocurrieron el pasado 17 de febrero, en una vivienda ubicada en el barrio El Agrado del municipio en mención, donde funciona un criadero de aves de corral y de pelea. Hasta ahí, presuntamente, arribó el hoy imputado, en un vehículo institucional de la Policía y utilizando un arma de dotación habría ingresado de manera violenta, simulando un allanamiento.
Según la Fiscalía, el policía se habría apoderado de trescientos mil pesos ($300.000), producto de la venta de un ave.
Personal de la Sijín, de la Policía Nacional, materializó la orden de captura que había en contra del Patrullero Zambrano, el pasado 18 de marzo, en Dagua. Durante dicho procedimiento el policia fue sorprendido con 15 cartuchos calibre 38 de los cuales no pudo justificar su legalidad.
En las audiencias concentradas, la Fiscalía le imputó al capturado los delitos de hurto calificado y agravado; peculado por uso y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o munición agravado.
El juez decidió que el presunto implicado, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
MAP/SEGM/DSC/LYBT
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
