El hoy procesado habría realizado vigilancias y alertado a los demás integrantes del grupo delincuencial sobre las rutinas de las patrullas del lugar para facilitar la acción ilegal.
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al subintendente Richard José Sierra Bravo por su posible participación en el asalto a una joyería de Bucaramanga (Santander), el pasado 29 de noviembre, hecho en el que murió un integrante de la Policía Nacional que intentó frustrar el robo.
Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Santander imputó al uniformado los delitos de homicidio agravado, cohecho propio, tentativa de hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Los cargos no fueron aceptados.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía evidenciaron que Sierra Bravo, desde octubre del año en curso, habría realizado labores de vigilancia para escoger la joyería a hurtar y recibido un celular de parte de los delincuentes, que fue utilizado para realizar una llamada grupal y así coordinar el ingreso al local para perpetrar el atraco.
De esta manera, presuntamente alertó sobre el momento exacto en el que debía ejecutarse la acción ilegal, la cual pretendió impedir uno de sus compañeros de institución, el intendente Fredy Leal, quien fue atacado con armas de fuego y posteriormente murió mientras recibía asistencia médica.
LMBG/LMFO/JARG/ON/DSS.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
