El procesado sería el responsable de retener y amenazar de muerte a las víctimas, además de obligarlas a desaparecer el cuerpo de la persona asesinada.
Por su presunta responsabilidad en la retención ilegal y actos de tortura a los que fueron sometidos dos hermanos que habrían sido testigos del asesinato de un hombre, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Andrés Vera Fernández.
De acuerdo con la investigación, los hechos se presentaron el pasado 17 de enero en zona rural de El Peñón (Cundinamarca), donde tres hombres se encontraban departiendo en un establecimiento comercial y fueron abordados por un hombre armado que le causó la muerte a uno de ellos.
Tras la ejecución del crimen, Andrés Vera Fernández, se habría encargado de retener y amenazar de muerte a las dos personas que acompañaban a la víctima y presenciaron el hecho. Posteriormente, los obligó a amarrar, cubrir el cuerpo con dos bolsas plásticas para sacarlo del lugar y desaparecerlo.
Los dos hermanos recibieron heridas con arma de fuego en varias partes del cuerpo que requirieron atención médica.
En ese sentido, un fiscal de la Seccional Cundinamarca le imputó los delitos homicidio en grado de tentativa; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, además de secuestro simple y tortura.
Durante las audiencias concentradas el procesado no aceptó los cargos y le fue impuesta medida privativa de la libertad en centro carcelario.
Por esto mismos hechos, fue judicializado recientemente Juan Gabriel Verá Hernández, quien ya cumple medida de aseguramiento en centro carcelario.
Esta información se publica por interés general.
ALGO/AMCJ/AML/FSC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
