Con el propósito de esclarecer los delitos que afectan la integridad y libertad sexual de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, la Seccional Atlántico judicializó a un hombre que presuntamente incurrió en delitos sexuales con una menor de nueve años de edad.

Asegurado hombre de 63 años implicado en delitos sexuales con una menor de 9 años.

Los hechos se registraron en una finca ubicada en el municipio de Piojó (Atlántico) en el pasado mes de marzo.

Según las investigaciones adelantadas por un fiscal del Centro de Atención Integral a víctimas de abuso sexual (Caivas), el procesado de 63 años era jornalero en dicho lugar y, al parecer, en varias ocasiones agredió sexualmente a la hija de otra empleada cuando quedaba bajo su cuidado.

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en coordinación con uniformados de la Policía Nacional, materializaron la captura del investigado en cumplimiento de una orden judicial en su contra en la vía que del municipio de Piojó conduce a Juan de Acosta (Atlántico).

El ente acusador le imputó los delitos de acceso carnal violento en circunstancias de agravación punitiva en concurso homogéneo sucesivo, sin embargo no aceptó los cargos.

El juez único promiscuo municipal de Piojó avaló la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento intramural por lo que fue trasladado a la cárcel distrital El Bosque.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

 

 

SKCR/CFG/CN/DSA

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.