La Fiscalía logró la judicialización de Kevin Andrey Chivatá Zipa, uno de los presuntos responsables del hurto ocurrido el pasado 2 de noviembre en un establecimiento comercial de la localidad de Engativá.
Los hechos ocurrieron en la noche, cuando al local donde funciona un asadero de pollos, ingresó una mujer y pidió que le vendieran una sopa. En vista de que no la atendían se fue, pero supuestamente regresó en compañía de tres hombres armados con cuchillos y un arma traumática, que al parecer intimidaron al administrador y a los empleados, y se llevaron elementos de valor, entre ellos, celulares, bicicletas y el dinero en efectivo que había en la caja. En el hecho los presuntos agresores, además, habrían lesionado con arma cortopunzante a una mujer que se desempeñaba como cocinera.
La Policía de Vigilancia inició la persecución en la cual se produjo un intercambio de disparos con los posibles implicados y resultó herido Chivatá Zipa, quien fue capturado en flagrancia. Asimismo, fue aprehendido un menor de edad que quedó a disposición de la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Aunque en las audiencias concentradas el hombre había sido dejado en libertad luego de que el juez declarara ilegal el procedimiento, el investigado fue recapturado este 5 de noviembre y la Fiscalía le imputó cargos por hurto calificado agravado y uso de menores en la comisión de delitos, delitos que no aceptó. Debido a su estado de salud, un juez de garantías le impuso medida de aseguramiento en su lugar de residencia.
Por su parte, el menor, señalado como presunto infractor, fue cobijado con medida de internamiento preventivo, tras aceptar los cargos que el ente acusador le endilgó por hurto calificado y agravado, y lesiones personales dolosas.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/ECGG/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.