La víctima fue atacada con arma de fuego por integrantes del ‘Clan del Golfo’ frente a la Casa Juvenil de Mutatá.
Las actividades investigativas lideradas por la Fiscalía General de la Nación permitieron identificar y judicializar a Hilder Jaramillo Machado, un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) señalado de participar en el crimen del líder social Argemiro Mayo García, ocurrido el 10 de enero de 2024, en Mutatá (Antioquia).
La acción criminal fue ejecutada por integrantes de la subestructura Carlos Vásquez del ‘Clan del Golfo’, que interceptaron a la víctima frente a la Casa Juvenil del municipio y le dispararon.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios, Jaramillo Machado habría orientado a los sicarios para que llegaran al punto donde debían ejecutar la acción violenta. Al parecer, también utilizaba su cargo para conocer información privilegiada de operativos y procedimientos de la fuerza pública, y entregársela al grupo armado ilegal.
El asesinato estaría relacionado con la intención que tenía el ‘Clan del Golfo’ de evitar que Argemiro Mayo García comercializara un predio rural.
Por todo lo anterior, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Jaramillo Machado los delitos de homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.
El procesado no aceptó los cargos y, por disposición de un de juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
Por la muerte de Argemiro Mayo García, la Fiscalía judicializó recientemente a Iván Andrés Méndez Vásquez, alias El Mono, un presunto sicario del ‘Clan del Golfo’.
AMCJ/JARG/HL/AAB/UEI/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
