Con los dineros obtenidos ilícitamente adquiría fusiles, munición y otros elementos necesarios para el sostenimiento de las estructuras armadas que tienen injerencia en Nariño.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Germán David Flórez Trujillo, alias El Paisa, señalado cabecilla de la estructura Franco Benavides de las disidencias de las Farc que estaría involucrado en el cobro de extorsiones y el sostenimiento financiero del grupo ilegal en Nariño.

Las evidencias indican que sería el responsable de exigir dinero a comerciantes y ganaderos de Policarpa, Cumbitara, Taminango y Magüí Payán (Nariño); y de fijar cuotas para permitir la extracción ilegal de minerales, así como la producción y comercialización de pasta base de coca en determinadas zonas del departamento.

Los recursos obtenidos ilícitamente por alias El Paisa presuntamente eran destinados para comprar armamento, munición de diferente calibre, uniformes y víveres, entre otros elementos necesarios para garantizar el actuar ilegal de la Franco Benavides.

Por todo lo anterior, la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravado; fabricación y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas agravado; y utilización ilegal de uniformes e insignias agravada. Los cargos no fueron aceptados.

Flórez Trujillo fue capturado por unidades del Ejército Nacional en una finca ubicada en jurisdicción de Magüí Payán.

 

Esta información sé pública por interés general.

 

JMSV/JARG/KO/DECOC/

 

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.