El señalado agresor escapó a Francia para intentar evadir la acción de las autoridades, por lo que se tramitó su extradición a Colombia.
En atención a los elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Julián Eduardo Cifuentes Gómez por su posible responsabilidad en el crimen del sacerdote y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro de Pereira (Risaralda), Darío Valencia Uribe, perpetrado el 25 de abril de 2024.
Esta persona se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta, disparado en varias oportunidades y arrojado el cuerpo en una zona rural de Belalcázar (Caldas) para evitar que fuera localizado por las autoridades.
Asimismo, se le atribuye haber llevado el automotor a un lavadero de carros para intentar eliminar algunas manchas de sangre y otras evidencias. Posteriormente, el 29 de abril de 2024, escapó a Francia. Allí fue localizado en atención a una notificación roja de Interpol.
El trabajo articulado del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y del Gaula de la Policía Nacional permitió ubicar el cuerpo del sacerdote, en septiembre de 2024.
Entre tanto, el señalado agresor fue extraditado a Colombia y a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá capturado.
Un fiscal especializado de la Seccional Risaralda lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.
El procesado aceptó los cargos en su contra.
CLCG/AMCJ/JARG/AGT/CABS/DSR/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
