El material probatorio aportado por la Fiscalía General de la Nación permitió que un juez con función de control de garantías de Yopal (Casanare), impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra Kiliam Yasmany Ordóñez Suárez, alias Killer, quien haría parte de un grupo armado ilegal.
El trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y el Gaula de la Policía evidenció que el procesado sería responsable de extorsionar comerciantes, empresarios y propietarios de fincas, además de perpetrar acciones terroristas con explosivos, como forma de presionar el pago de elevadas sumas de dineros.
La fiscalía imputó a Ordóñez Suárez los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos. Ninguno de los cargos fue aceptado.
Información en poder del ente acusador determinó que ‘Killer’ estaría implicado en las frustradas acciones terroristas del pasado 1 de mayo cuando varios hombres habrían ubicado cargas de indugel a la entrada del municipio de Hato Corozal (Casanare).
La denuncia oportuna de los ciudadanos permitió conjurar el ataque. Esto habría generado represalias por parte del grupo armado ilegal, que ordenó un atentado contra un líder comunal, intimidar empresarios y extorsionar comerciantes, so pena de hacerlos blancos de ataques.
Acciones coordinadas entre la Fiscalía, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana permitieron la captura del ahora imputado en zona rural de Sácama (Casanare), el pasado 17 de octubre.
Por solicitud de la fiscalía el juez impuso medida carcelaria contra ‘Killer’.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
